Ya tenemos aquí la tan proclamada reforma de la Ley General Tributaria, aprobada por la Ley 34/2015. Esta norma sigue los pasos marcados por anteriores reformas de la LGT, operadas a través de las leyes 36/2006 y 7/2012, en lo relativo, fundamentalmente, a la lucha contra el fraude fiscal; si bien, de todas, ésta es la de mayor calado.
Normalmente, pocas reformas tributarias de importancia tienen la aprobación generalizada de los Inspectores de Hacienda en cuanto a dar plena satisfacción a sus reivindicaciones y propuestas en la lucha contra el fraude fiscal y, aunque ésta tampoco iba a ser una excepción, lo cierto es que puede decirse que, hasta ahora, ha tenido un acogimiento muy favorable dentro de los Inspectores y Técnicos de Hacienda.
Entre las novedades, distinguimos un conjunto de medidas que combaten determinadas debilidades procedimentales que hacían ineficaces la labor inspectora y recaudadora de la Administración; otras, con efectos desincentivadores de prácticas fiscales elusivas, promovidas por grandes grupos empresariales y caracterizadas como actuaciones de ingeniería fiscal; algunas otras, que permitirán obtener información en períodos prescritos mediante la distinción entre el derecho de comprobación e investigación y el derecho de liquidar, desligando los efectos de la prescripción en el ejercicio de
